Un título de propiedad no basta
Por una restitución sostenible de tierras en Colombia
Amnistía Internacional es un movimiento global integrado por más de 3 millones de simpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países y territorios, que actúan para poner fin a los abusos graves contra los derechos humanos.
Consulta el informe completo en formato PDF: http://justiciaypazcolombia.com/IMG/pdf/land_restitution_spa.pdf
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), una iniciativa promovida por el presidente Juan Manuel Santos que entró en vigor en enero de 2012, es el más reciente de los esfuerzos por resolver los problemas en torno a la formalización de la propiedad de la tierra, la restitución de tierras, y, de manera más general, otorgar reparación a las víctimas del conflicto.
El éxito del proceso de restitución de tierras dependerá, no obstante, en gran medida de si las autoridades colombianas, a través de la Ley 1448, pueden garantizar el derecho de las víctimas del conflicto armado a un recurso efectivo, un derecho que ocupa un lugar central en el derecho internacional de los derechos humanos, y que incluye una reparación adecuada y efectiva, con restitución de tierras, por el daño sufrido.
Los reclamantes de tierras sólo podrán gozar de su derecho a un recurso efectivo si las autoridades pueden erradicar las amenazas y homicidios de que son víctima tanto los reclamantes como defensores de los derechos humanos y los activistas que trabajan sobre cuestiones de tierra que los acompañan, garantizar que quienes retornan a sus tierras pueden mantenerse económicamente, con garantías de seguridad y el derecho a la participación política, y abordar de forma efectiva la impunidad para los sospechosos de ser penalmente responsables de los desplazamientos forzados y los abusos y violaciones de derechos humanos relacionados con ellos.
Este informe, por tanto, examina los progresos que han realizado las autoridades para aplicar los elementos de restitución de tierras de la Ley 1448 con el fin de garantizar el derecho de los reclamantes de tierras a un recurso efectivo. Su objetivo es situar el actual proceso de restitución de tierras en el contexto de los intentos previos de los gobiernos colombianos de resolver los problemas asociados a la desigual distribución de la tierra y a la pobreza rural. El informe ofrece también un resumen del marco jurídico internacional de derechos humanos en el que deberían sustentarse los esfuerzos del gobierno colombiano por devolver a sus legítimos ocupantes las tierras adquiridas ilegalmente, y examina en detalle los numerosos obstáculos que los reclamantes de tierras siguen encontrando en su lucha por retornar a su hogar de manera sostenible.
El informe concluye con una serie detallada de recomendaciones en las que se pide a las autoridades colombianas que pongan en marcha medidas efectivas para garantizar que los reclamantes de tierras y otras personas implicadas en el proceso de restitución de tierras gozan de protección efectiva, que las víctimas pueden retornar a sus hogares de una manera económicamente sostenible, que se respetan los derechos de las mujeres reclamantes y de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y que el derecho de las víctimas del conflicto a las garantías de no repetición se asegura garantizando que los sospechosos de ser penalmente responsables de abusos y violaciones de derechos humanos, incluido el desplazamiento forzado, rinden cuentas de sus actos.