El dictamen de Medicina Legal establece que la muerte del líder del Congreso de los Pueblos, Carlos Pedraza, fue producida por “proyectil de arma de fuego [causando] una lesión que se ubicó a nivel del cráneo con una trayectoria de atrás hacia adelante (…) y realizada con un arma de baja velocidad”. Esta evidencia confirma la hipótesis de que su asesinato constituye un crimen político en un contexto en el que líderes sociales -entre los que se encuentran sus compañeros más cercanos- fueron amenazados de muerte. El gobierno fue alertado sobre el riesgo que corren ciudadanos a los que debe garantizar su integridad, pero eligió ignorar los llamados de atención y en cambio habilitó, con su silencio, un contexto favorable al accionar criminal que se extiende hasta estos días. La falta de reacción oficial podría ser leída como vía libre para la persecución y el recrudecimiento de la violencia contra el movimiento popular. Así, este crimen se convierte en el más serio riesgo que atraviesan los procesos de paz.