Desplazados

Escrito por Johnatan Jesús Clavijo

Jueves 01 de Julio de 2010 01:54

En Colombia, paso a paso, los desplazados están retornando a sus tierras; Antioquia es el departamento líder en estos procesos, y la subregión del oriente antioqueño es la que ha impulsado en mayor medida los retornos. Sin embargo, de claro a oscuro se pasa cuando después de ver las cifras de retornados, se miran las condiciones de los retornos y las posibilidades que se brindan a las familias que recién llegan a ocupar de nuevo sus terrenos.

Fuente: lafuerzainformativa@gmail.com

El pasado 16 de abril de 2010, en el marco del cabildo número 55, en Granada, oriente antioqueño, Diego Molano Aponte, Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, le dijo en público al gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, que era “líder en Colombia, con las familias desplazadas, pero sobre todo con el retorno”.

Este mismo funcionario dictaminó que: “Colombia le agradecerá a usted este apoyo, ya que hemos comenzado el retorno de las familias, lo cual se logra cuando hay liderazgo y usted lo tiene”. Y es que las cifras son dignas de admirar. Según datos de la Gobernación, en Antioquia, en zonas como el Oriente y Urabá, han retornado 78 mil personas, de ellas 38 mil censadas. En el Oriente han retornado 36 mil.

Además, la misma gobernación de Antioquia a invertido a la fecha recursos para familias en situación de retorno por más de 13 mil millones de pesos en generación de ingresos para 5 mil 586 familias con recursos del Dapard y Acción Social. En el último año se invirtieron 3 mil millones para 716 soluciones de vivienda. Se han atendido 32 mil hogares con seguridad alimentaria. Sumados los recursos para estos y otros frentes, la inversión ha sido por 34 mil millones de pesos.

Sin embargo, más allá de las cifras presentadas por la institucionalidad, la realidad parece muy distinta. Ya son varias las denuncias sobre los problemas de fondo en este programa denominado “Retornar es vivir”, liderado por Acción Social de la Presidencia de la República y la Gobernación de Antioquia. Diversas organizaciones sociales y de víctimas han manifestado ante los medios de comunicación lo que sucede tras bambalinas en el proceso de retorno de población desplazada en el departamento líder en Colombia en este respecto.

Caracterización de los retornos

Antes que nada es importante aclarar que los procesos de retorno de la población desplazada a sus territorios hacen parte de los planes de reparación integral a los que deben acceder las víctimas del conflicto. La restitución de las tierras o propiedades a las personas que en algún momento tuvieron que dejarlas por culpa de la violencia, es una iniciativa que propende por restablecer, e incluso mejorar, las condiciones en que vivía la persona antes de convertirse en víctima.

Teniendo en cuenta la grave crisis humanitaria que afronta el país en el tema del desplazamiento, la restitución de tierras se convierte en un proceso difícil; pero, fundamental en la solución del conflicto social y armado. Es por esto, que el gobierno nacional ha implementado dos estrategias para garantizar la seguridad de las personas que quieran retornar a sus tierras. En primer lugar, la recuperación de espacios por medio de la intervención de la Fuerza pública y, en segundo lugar, los procesos de desminado de los territorios y erradicación manual de los cultivos ilícitos.

Con estas mínimas garantías en las condiciones de seguridad son muchas las familias que deciden retornar voluntariamente a sus territorios. Por parte de las organizaciones sociales expertas en el tema de desplazamiento, estos procesos no se pueden denominar propiamente como retornos, sino como la posibilidad que tienen las víctimas de volver a sus territorios; pero, sin tener ningún tipo de ayuda de fondo que posibilite la restitución de sus derechos.

De otro lado, están los retornos asistidos, que son acompañados por las diversas Instituciones que hacen parte de estos procesos de reparación y en los que se brindan algunas garantías de más a los desplazados, ahora retornados, como la denominada “indemnización solidaria” , entregada al núcleo familiar como subsidio de vivienda, o ayudas humanitarias como mercados, que garanticen la seguridad alimentaria de los retornados.

No son sólo condiciones de seguridad

Para José Sierra, representante legal de la Fundación Campesina de Oriente, encargada del trabajo con campesinos y población desplazada en esta zona del departamento, quien no tiene ningún reparo en afirmar que “lo que el Gobernador de Antioquia y el Alcalde de San Carlos han hecho en cuestión de retornos es un manual de trampas, porque los desplazados, que son bastantes en las veredas de San Carlos, a esas familias las han hecho ir con engaños y mentiras y ahora están aguantando hambre”.

El problema consiste en que, aunque se están ofreciendo garantías de seguridad, no se ofrece ningún tipo de ayuda o capital semilla que le permita a los retornados convertirse en sujetos productivos para la región.

Además, otra de las situaciones problemáticas, según lo explica Jaime Jaramillo Panesso, representante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Antioquia, “no todas las localidades o municipios tienen la capacidad fiscal de atender a toda la población retornada”. Más incontrolable se vuelve la situación cuando los retornos no son asistidos, sino que son voluntarios, y la población recién retornada se vuelca ante las oficinas de Acción Social solicitando “indemnizaciones solidarias”.

Por lo tanto, la realidad que tienen que vivir los retornados en el Oriente antioqueño es frente a la posibilidad de retornar a sus tierras, pero la dificultad de empezar a ser productivos. De acuerdo a percepciones recopiladas por la Asociación campesina de Antioquia, los desplazados en muchas oportunidades prefieren retornar a sus tierras para dejar de morir de hambre en la ciudad, para recuperar sus terrenos y convertirlos en tierras de pan coger debido a sus dificultades monetarias.

De fondo, todas estas dificultades de los retornados para que sus tierras sean realmente productivas y puedan mejorar sus condiciones económicas, pueden estar escondiendo un plan estratégico para convertir a los recién retornados no en propietarios, sino en asalariados. Por lo menos así lo visualiza Nicolás Castrillón, vicepresidente de la Asociación Campesina de Antioquia, para quien “se está preparando el terreno, las condiciones, para que se le quiten las medidas de protección a estas tierras y los campesinos lleguen a venderles a los empresarios y a las empresas, que están interesadas en las aguas del Oriente antioqueño”.

Es decir, el objetivo, según explica Castrillón, es que los desplazados retornen a sus tierras y, sin posibilidades para convertirse en agentes productivos, vendan sus tierras a empresas con capacidad monetaria para hacer de estas tierras cultivos productivos y los retornados pasen a engrosar las listas de trabajadores asalariados de estas empresas.

Sin embargo, esta hipótesis es reevaluada por Jaime Jaramillo Panesso, quien comparte que no se les están dando los suficientes subsidios a los campesinos para hacerse productivos en sus tierras; pero comenta que es una forma de “estigmatización a las empresas agrícolas” pensar que todos los campesinos que venden sus tierras lo hacen solamente ante la falta de oportunidades. Sería grave, afirma, si se llega a comprobar cualquier tipo de coacción a la venta por parte de las empresas.

Reconocer la veracidad de las denuncias hechas por Nicolás Castrillón es complicado; peo, si existe la certeza de que, por lo menos, históricamente, los sectores beneficiados han sido los grandes productores del campo, en detrimento de los pequeños campesinos. El investigador de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, Max Yuri Gil, la correlación de fuerzas en los procesos de negociación influye mucho en el papel que debe jugar cada actor en el proceso de reparación de las víctimas. En este sentido, Gil afirma que en Colombia “los terratenientes ganaron la guerra. Entonces, hablar de restitución de tierras, y mucho menos en este gobierno, no es hablar de un proceso con altos estándares de devolución de tierras a las víctimas”.

Los supuestos casos de corrupción en la asignación de recursos

Más complicado aún que la no asignación de recursos, es que se presenten casos de corrupción en las pocas contribuciones que brindan tanto el Estado local, como el departamental y el nacional.

El 04 de abril, la página web www.verdadabierta.com denunciaba las irregularidades presentadas en la asignación de ayudas a la población retornada. En el artículo se expresaba que: “El propósito de estabilizar social y económicamente el retorno de la población desplazada a varias subregiones de Antioquia enfrenta a los campesinos con las administraciones municipales y el Gobierno departamental, por cuenta de la baja productividad del ganado que reciben como estímulo para iniciar una nueva vida”.

Esta información se corroboró al conocer un informe de la Contraloría Departamental (ver documento Si tiene problemas con el vínculo por favor actualice la ventana nueva) en que se revela que por lo menos cinco contratos de compra de ganado para población retornada se presentan irregularidades entre los costos señalados en los contratos y los costos reales del ganado adquirido.

Uno de los ejemplos más claros es en un contrato de 2008 realizado con el Municipio de Ituango en el que se presenta un sobrecosto, puesto que el atao fue adquirido a $2.219.000, mientras que según precios del mercado controlados por la central ganadera en Medellín, la cabeza de ganado requerida para este contrato tenía un promedio de costo entre los $920.000 y $1.600.000, cantidad que es mucho menor a la presentada en el contrato.

Por su parte, el Director del Dapard, John Freddy Rendón Roldán, en declaraciones para Verdad Abierta desestimó en su momento las observaciones hechas por la Contraloría General de Antioquia tras considerarlas como una jugada política más que un ejercicio de control propio de su función, considerando que Rendón es hermano de la entonces candidata al Senado Liliana Rendón. En este sentido, el director del Dapard se pronunció diciendo: “Nosotros lo descalificamos porque fue un informe elaborado en época electoral, buscando hacer presión política y, desde ese punto de vista, están totalmente equivocados, comenzando porque el documento lo elaboró un ingeniero sanitario que no está cualificado para evaluar proyectos productivos”.

De igual manera, John Freddy Rendón sostuvo que a la fecha son pocas las quejas recibidas por parte de los beneficiarios de los proyectos, principalmente aquellos que recibieron semovientes: “Ha habido quejas, pero más producto de hechos aislados como que el ternero se lastimó en el transporte. En ese caso, se ha procedido a cambiar los animales” .

Para la Asociación Campesina de Antioquia esto no es más que una muestra de las irregularidades dentro del plan “Retornar es vivir” que no está satisfaciendo plenamente las necesidades de restitución que tienen las víctimas de desplazamiento forzado al momento de retornar a sus tierras.

Apuntes finales

Como tal, el solo tema de reparación de las víctimas es un trabajo con profundas aristas que deben ser analizadas, todas ellas en su conjunto en compañía de sus principales actores, es decir, las mismas víctimas.

Un proceso de restitución que no escuche las necesidades de las víctimas será un proceso inconcluso pues desconocerá las reales necesidades de este sector de la población que busca, a través de las garantías efectivas de reparación, restablecer su condición de ciudadano.

En este sentido, en el momento en que se logre un diálogo abierto y sobre todo, lo menos politizado posible, entre las víctimas, las organizaciones sociales y el Estado se empezarán a construir caminos que trasciendan las realidades frías presentadas por las cifras y que fortalezcan procesos integrales de reparación, siendo los retornos y la restitución de tierras solo una de las manifestaciones de esta necesidad social y humanitaria, producto del conflicto colombiano.

Desplazados

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